Defender el hogar en tierra Zeta

Textos de periodistas, académicos, artistas y activistas que trabajan por la defensa los derechos humanos en México.

Martín Durán Romero

Periodista / Defensor por la libertad de expresión

Tamaulipas es una provincia de México, una entidad con forma de elefante pegada al Golfo de México, un elefante de 80 mil 249 km2 de superficie, 420 kilómetros de litoral con el Golfo de México, 5 aeropuertos internacionales, 14 mil kilómetros de carreteras, 937 kilómetros de líneas ferroviarias y 17 cruces fronterizos. Aquí hace aproximadamente 490 años se fundó la segunda provincia de la Nueva España. Aquí mismo hace casi un siglo surgió un grupo de contrabandistas. En principio, la organización criminal se manejó al estilo de las mafias: los integrantes eran familia, la forma de vida era discreta, se protegían con políticos y evitaban la violencia. Al pasar de los años se convirtió en el Cártel del Golfo, la segunda agrupación delictiva con mayor poder en el país de los ochenta a los dosmiles.

En 2003 todo cambió para los habitantes de Tamaulipas. Ese año los cárteles del Golfo y Sinaloa comenzaron una batalla de muerte y terror en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los grupos pelearon el control de la ciudad con la aduana más productiva del comercio exterior en Latinoamérica. La población fronteriza fue el escenario de presentación de Los Zetas, el brazo armado del Cártel del Golfo integrado por militares desertores que fueron entrenados por estadounidenses e israelitas, de acuerdo con informes del gobierno mexicano. La batalla se prolongó durante más de treinta meses. Los Zetas quemaron casas y comercios, masacraron a sus presuntos rivales, descuartizaron personas, sometieron a la población con terror y el principal terror fueron la desaparición de personas. Siete años después, en 2010, Los Zetas hicieron lo que sabían hacer: la guerra. La violencia brotó en la frontera norte de Tamaulipas y descendió, como una guillotina.

Estamos a menos de un kilómetro del río Bravo, cerca del muro fronterizo, la región Ribereña. Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Guerrero integran la franja de pequeños municipios. El corredor con acceso directo a territorio estadounidense es conocido por ser rentable para traficar droga. Antes de 2010 sobre su superficie semiárida los tejanos se divertían en los ranchos cinegéticos, el ganado producía dividendos al igual que la agricultura y Petróleos Mexicanos (Pemex) extraía hidrocarburos.

Aquí la paz se esfumó el 22 de febrero de 2010. Ese día Los Zetas se separaron del Cartel del Golfo. Decenas de hombres comenzaron a guerrear. Cuando intervino el Estado, los delincuentes ya habían asesinado, secuestrado y desaparecido a adolescentes estudiosos, jóvenes profesionistas y adultos jefes de hogar.

“Aquí es muy raro, de los que tenemos desaparecidos, que tengamos solo uno, todos tenemos más desaparecidos, más familiares, póngale que sobrinos o tíos o primos, hay muchos, mínimo cada quien tiene 3 ó 4”, cuenta la señora Carmen.

Carmen hace 8 años que no sabe de su hijo, el mismo tiempo que Antonia ha buscado a su esposo o que Olga Mayorga ha insistido en revisar los cadáveres enterrados sin identificación para rastrear a su hijo Diego Armando, su yerno Raúl y los amigos Rubén y José Manuel.

Olga ha buscado por casi tres mil días. La tarde del miércoles 24 de febrero de 2010 fue la última ocasión que supo de sus familiares. Los hombres desaparecieron cuando viajaban por carretera rumbo a Matamoros, dentro del mismo Tamaulipas. En los días posteriores, Olga marca al número telefónico de Diego y no da tono; los militares dicen que no pueden ayudarla, acompañada de sus hermanos recorre las rutas ejidales, encuentra camionetas abiertas, llenas de sangre, ropa tirada, casquillos hasta hallar el vehículo de sus familiares. Es la primera prueba que aporta a la Procuraduría General de Justicia.

El nivel de violencia en el noreste del país crece en 2010. Las matanzas en Nuevo León y Tamaulipas se multiplican bajo el manto de la corrupción de los gobiernos. Olga se hace la primera prueba de ADN de su vida. En San Fernando, las caravanas de camionetas con hombres armados, las balaceras, los secuestros, son situaciones diarias.

La hija y las nietas de Olga son acosadas por delincuentes. La mañana del 28 de febrero de 2011, las dos mujeres y las niñas piden asilo en el puente internacional en Matamoros. El gobierno de Barack Obama las acepta. Olga renuncia al asilo, aceptarlo es abandonar la búsqueda. En ese largo ir y venir por la frontera conoce a Miriam Rodríguez Martínez.

Miriam era la líder del colectivo en San Fernando, un grupo con 600 casos de personas sin localizar. El 10 de mayo de 2017, Miriam Rodríguez gestionó el traslado del cadáver de Jesús Emanuel a San Fernando; el hombre había sido asesinado el martes al sur de México y su familia no tenía para pagar los servicios funerarios. Miriam avisó a funerales La Paz del acuerdo y después fue a comer por la celebración del Día de la Madre, que en México se festeja ese día.

Llegó a su casa de noche, estacionó la camioneta, bajó y antes de entrar un sicario le asestó 12 tiros. La mujer de 60 años murió antes de ingresar al hospital general.

Quince días antes de la ejecución, la activista tamaulipeca platicó por WhatsApp con una compañera del colectivo. Miriam escribió: “A pesar de tanto dolor sigo creyendo y esperando en Dios. Y no pienso parar. Solo muerta. Malditos no he podido sepultar completa a mi hija”.

Karen Alejandra Salinas Rodríguez es la hija a la que Miriam se refiere en el mensaje. En enero de 2014, integrantes del crimen organizado secuestraron a la menor de edad. La familia pidió un préstamo al banco, vendió lo que pudo y pagó el rescate. Los secuestradores ya la habían asesinado y desaparecieron el cuerpo. La madre volcó su vida en encontrar el cadáver y dar con los culpables.

Bastaron 9 meses para que Miriam hallara uno a uno a las y los asesinos. Un día en El Arenal, Miriam excavó hasta encontrar decenas de huesos enterrados en fosas clandestinas. Llamó al agente del Ministerio Público para que levantara y resguardara los restos. Especialistas de Washington recibieron un rompecabezas de cuerpos; no pudieron completar uno solo, eran pedazos de 6 cuerpos con las características genéticas de un niño de 2 años, mujeres embarazadas, hombres jóvenes y una menor de edad: Karen Alejandra.

Miriam Rodríguez recibió el trozo de cuerpo de su hija, la enterró y continuó investigando para hallar los fragmentos restantes durante 3 años. A partir de la fuga de 29 reos de la cárcel de Victoria, Tamaulipas, el miércoles 22 de marzo de 2017, Miriam Rodríguez comenzó a temer por su vida. La activista pidió protección a la subsecretaría del gobierno de Tamaulipas, Gloria Garza Jiménez. Veintidós días antes, la activista contó que el viernes 14 de abril le llamó 30 veces al número del policía que le asignaron para protegerla y nunca respondió. La llamada de auxilio quedó registrada en un video que desmiente la versión del gobierno que aseguró no la había solicitado.

El asesinato de Miriam frenó a las mujeres y los hombres que buscaban a sus familiares. Quien no se detuvo fue Graciela Pérez Rodríguez. La mujer de 49 años busca a su hija Milynali, sus sobrinos José Arturo, Alexis y Aldo de Jesús y su hermano Ignacio. Ellos y ella fueron raptados por el crimen organizado el 14 de agosto de 2012. La familia viajaba en una camioneta rumbo a Tamuín, San Luis Potosí.

Graciela Pérez es la voz más potente de los colectivos de desaparecidos. En 6 años de búsqueda fundó la organización Ciencia Forense Ciudadana (CFC). Allí se capacitó para la búsqueda prospectiva en campo, para registrar los hallazgos humanos en campamentos de la delincuencia organizada, para buscar por medio de la sangre, del ADN, y creó un registro y un banco de datos genético ciudadano.

“En Tamaulipas los que buscamos somos nosotras y nosotros familiares de personas desaparecidas; somos pocos porque el miedo es mucho, el desamparo es latente, hemos enfrentado en grupo y ganado terreno en los municipios El Mante, San Fernando, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Tampico, Aldama, Ciudad Victoria, entre otros”, dice Graciela.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Tamaulipas es la entidad con más ciudades en el top 20 de municipios con más personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes. La tasa de Ciudad Mier, ubicada en la región Ribereña, es de mil 855 casos por cada 100 mil habitantes.

Justo en esta región, se abrirá el primer panteón forense. El gobierno de Tamaulipas ha invertido más de 5 millones de pesos para la construcción. La Agencia de Cooperación Alemana y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) ayudarán en la exhumación y análisis de cadáveres-restos. El registro de cuerpos en las fosas comunes de Miguel Alemán son 324. Las autoridades esperan extraer, por lo menos, 500.

 

Semblanza:

Carlos Manuel Juárez. Reportero y escritor mexicano. Nació en 1895 en Tampico, Tamaulipas. Ha sido testigo y cronista de la guerra contra el narcotráfico en el noreste de México. Es coautor del libro Romper el silencio, 22 gritos contra la censura, editado por la Brigada para leer en libertad. Su texto Vivir con el narco fue seleccionado para abrir la antología de nuevos cronistas de la revista de literatura Punto de Partida, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha publicado crónicas y reportajes sobre víctimas y victimarios del conflicto armado en Animal Político, Pie de Página, El Universal, El Mañana de Reynosa y Revista Marvin. Actualmente es corresponsal de Aristegui Noticias.